Lucía Morales ordenó cada documento y lo guardó en una carpeta. Después fue a ver a Paula Ramírez.
—Perfecto —dijo su amiga al revisar el contenido—. Con esto basta. Ahora nos toca mover ficha.
Tal como había anunciado, una semana exacta después Carlos Ortega volvió a sacar el tema.
—Bueno, ¿ya lo pensaste?
Lucía estaba sentada en el sofá. No temblaba, no apartaba la mirada. Parecía extrañamente serena.
—Sí. Divorciémonos.
Carlos se quedó inmóvil. Aquella respuesta no entraba en sus cálculos.
—¿Lo dices en serio?
—Completamente. Presenta la solicitud. No voy a oponerme.
—¿Te das cuenta de que te vas a quedar sin nada?
Lucía apenas sonrió.
—Ya veremos.
Algo en aquella sonrisa le encendió una alarma a Carlos, aunque procuró no mostrarlo.
—Está bien. Como quieras. Mañana mismo inicio el trámite en el Registro Civil.
Al día siguiente presentó la documentación. Un mes más tarde, el divorcio quedó formalizado.
Carlos estaba eufórico. Por fin libre. Por fin podía vivir abiertamente con Sofía Rubio, la joven encargada de una de sus tiendas, con quien llevaba dos años manteniendo una relación a escondidas.
Lucía dejó el piso. Alquiló un estudio pequeño y discreto. Carlos creyó que todo había terminado, que el asunto estaba cerrado y que ella se había rendido.
Pero una semana después recibió una citación judicial. Se trataba de una demanda de liquidación y reparto de bienes gananciales. La demandante era Lucía Morales.
Carlos leyó el escrito y se le heló la sangre.
Lucía reclamaba la mitad de todo. Del piso, valorado en sesenta mil euros. De la casa, tasada en cien mil. De los dos coches, treinta mil. Y, sobre todo, exigía su parte del negocio: siete tiendas calculadas en cuatrocientos mil euros.
En total, doscientos noventa y cinco mil euros.
—Se ha vuelto loca —murmuró Carlos, con el papel aún en la mano.
Llamó de inmediato a su abogado.
—Antonio Navarro, mi exmujer me ha metido una demanda por el reparto de bienes. Pide casi trescientos mil euros. Esto es absurdo.
El abogado estudió los documentos con detenimiento antes de responder.
—Carlos Ortega, me temo que no es ninguna tontería. Tiene base. Ha aportado pruebas de su participación en el negocio: contratos, correos, transferencias bancarias. Es muy posible que el juzgado considere acreditada su contribución.
—¡Pero todo está a mi nombre!
—Sí, pero fue adquirido durante el matrimonio. La ley contempla su reparto. Ya le advertí en su momento que debía firmar capitulaciones matrimoniales, y usted no quiso escucharme.
Carlos, fuera de sí, arrojó el teléfono contra el sofá.
El procedimiento judicial comenzó poco después. Paula Ramírez asumió la defensa de Lucía. Y lo hizo de manera impecable.
Presentó uno por uno los documentos. Demostró que Lucía había aportado dinero al negocio, que llevaba las cuentas, que redactaba y gestionaba contratos, que atendía clientes y sostenía la estructura cuando todo empezaba. También dejó claro que había sacrificado su trayectoria profesional por la familia, y que abandonó su empleo porque su marido insistió en ello.
Paula, además, incorporó al expediente las pruebas de las infidelidades de Carlos: extractos de tarjetas, fotografías publicadas en redes sociales, imágenes en las que aparecía con Sofía Rubio en restaurantes y hoteles.
—Mi representada respetó su matrimonio, apoyó a su esposo y puso su esfuerzo, su tiempo y su dinero al servicio de la familia —expuso Paula ante el tribunal—. Mientras tanto, él utilizaba fondos comunes para mantener a su amante. Esa conducta debe ser valorada.
La jueza escuchaba con atención.
Carlos permanecía pálido, rígido en su asiento. Su abogado intentó oponer argumentos, pero las pruebas eran demasiado sólidas.
Dos meses más tarde, el juzgado dictó sentencia.
A Lucía se le reconocía el derecho al sesenta por ciento de los bienes gananciales: trescientos cincuenta y cuatro mil euros.
Carlos quedaba obligado a abonarle esa cantidad en un plazo máximo de seis meses.