A partir de ese momento, María no añadió nada más. Alejandro hervía por dentro, pero le resultaba imposible discutir con alguien que, sencillamente, se negaba a entrar en combate. Ella no gritaba, no acusaba, no justificaba: actuaba.
Pidió cita con un abogado especializado en derecho de familia. Durante varios días reunió con meticulosidad cada documento relevante: extractos bancarios de los últimos años, la escritura del piso, el contrato de compraventa, recibos de transferencias, justificantes de pagos. Ordenó todo en una carpeta, separando por fechas y conceptos, como si preparara un expediente administrativo y no la autopsia de su propio matrimonio.
El letrado revisó el contenido sin prisas, deteniéndose en cada detalle.
—La situación es desagradable, pero tiene solución —concluyó al fin—. El inmueble fue adquirido cuando ya estaban casados, ¿correcto?
—Sí, después de la boda —respondió María con firmeza.
—Entonces se trata de un bien ganancial. Sin el consentimiento de ambos cónyuges no puede transmitirse. Y si la firma fue falsificada, eso constituye motivo suficiente para anular la donación.
—¿Y el dinero que desapareció de la cuenta común?
El abogado entrelazó los dedos.
—También forma parte del patrimonio compartido. Aunque la cuenta estuviera a nombre de los dos, los fondos solo podían destinarse a necesidades familiares. Si se transfirieron a su hermana, estamos ante una disposición indebida. Puede reclamarse indemnización.
María asintió despacio. La estrategia comenzaba a tomar forma.
—¿Qué pasos debo seguir?
—Presentaremos una demanda reconvencional. Solicitaremos la nulidad de la donación, la liquidación de la sociedad de gananciales y la restitución de la mitad del importe retirado. Además, pediremos una pericial caligráfica. No será inmediato: tres o cuatro meses, quizá medio año, dependiendo de la carga del juzgado.
—De acuerdo —respondió ella sin vacilar—. Empecemos.
Firmó los documentos y abonó los honorarios con dinero de su cuenta personal, aquella donde había estado ahorrando para los estudios de Pablo Domínguez y para reformar la cocina. Ahora lo consideraba una inversión: estaba comprando tranquilidad futura para su hijo y para sí misma.
La primera vista se señaló para principios de diciembre. Era una comparecencia preliminar. El juez examinó el expediente y escuchó a las partes.
Alejandro Delgado acudió solo, convencido de que todo sería un mero trámite. Imaginaba un divorcio rápido, el piso consolidado a nombre de su madre, Carmen Ruiz, y el dinero definitivamente en manos de su hermana Laura Medina. María —según su plan— saldría sin nada.
Sin embargo, desde los primeros minutos quedó claro que la realidad no coincidía con sus expectativas.
—Señor Delgado —intervino el juez—, ¿confirma usted que el inmueble fue donado a su madre?
—Sí. Yo redacté la donación.
—¿Obra en el expediente la autorización de su esposa?
—Sí, está aportada.
El magistrado hojeó el dossier.
—Existe un consentimiento con firma notarial. No obstante, la señora María Delgado sostiene que esa firma no le pertenece. Se acordará una prueba pericial caligráfica.
Alejandro palideció.
—Pero la firma está ahí…
—Precisamente por eso debe verificarse su autenticidad.
El abogado de María se puso en pie.
—Señoría, además conviene recordar que el bien fue adquirido durante el matrimonio. Incluso si el consentimiento hubiera sido válido, la donación gratuita a un tercero sin compensación puede lesionar los derechos del otro cónyuge y ser declarada ineficaz.
El juez asintió levemente.
—Tomado en consideración. Señor Delgado, explique también la retirada de fondos de la cuenta conjunta.
Alejandro se removió en la silla.
—Saqué el dinero.
—¿Con qué finalidad?
—Se lo entregué a mi hermana para impulsar su negocio.
—¿Sin conocimiento ni aprobación de su esposa?
—Era mi dinero también.
—Y de ella —replicó el juez con serenidad—. ¿A cuánto asciende la cantidad?
El abogado de María detalló la cifra. Alejandro confirmó, a regañadientes.
—Mi representada solicita la restitución del cincuenta por ciento —añadió el letrado—, dado que los fondos se destinaron a fines ajenos a la unidad familiar.
Se acordó citar a Laura Medina para que declarara y se ordenó la pericial sobre la firma. La vista principal quedó fijada para enero.
Alejandro salió del juzgado como si llevara una tormenta sobre la cabeza. Llamó de inmediato a su madre.
—Mamá, tenemos un problema. Quieren anular la donación.
—¿Cómo que anularla? —se alarmó Carmen Ruiz—. Dijiste que todo estaba bien atado.
—María exige una prueba de la firma. Alega que no firmó nada.
—¿Y ahora qué pasará?
—No lo sé. Además, reclaman el dinero de la cuenta.
Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea.
—Alejandro, ¿seguro que hiciste todo correctamente? ¿Y si el notario cometió algún error?
—Ya no sirve de nada pensarlo —gruñó él—. Hay que encontrar una salida.
Su madre le sugirió hablar con Laura. Tal vez, si devolvía al menos parte del dinero, podrían minimizar el daño.
Alejandro telefoneó a su hermana y le explicó la situación, pidiéndole que reintegrara la mitad.
—¿Te has vuelto loco? —respondió Laura Medina, incrédula—. Ese dinero ya está invertido: alquilé el local, compré maquinaria, contraté personal. ¿De dónde quieres que lo saque ahora?
—Tengo que compensar a María. Si no lo haces tú, tendré que hacerlo yo.
—Ese no es mi problema —contestó ella con frialdad—. Fuiste tú quien me ofreció ayuda. Me aseguraste que eran tus ahorros. Si resultan ser gananciales y tu mujer no sabía nada, eso es responsabilidad tuya.
Y colgó.
La pericial tardó un mes. El dictamen fue contundente: la firma no correspondía a María Delgado. Según el experto, el trazo evidenciaba una imitación realizada por otra persona, con alta probabilidad el propio Alejandro intentando reproducir la grafía de su esposa.
En enero, durante la vista principal, el juez leyó las conclusiones.
—Se declara nula la donación del inmueble —anunció—. El consentimiento presentado es falso, lo que invalida el negocio jurídico. El piso vuelve a integrarse en la sociedad de gananciales.
Alejandro permanecía rígido, con los puños cerrados.
—Asimismo —continuó el magistrado—, el señor Alejandro Delgado deberá reintegrar a la señora María Delgado el cincuenta por ciento de la suma retirada de la cuenta común y destinada a fines ajenos a la familia. El plazo para el pago será de tres meses.
—No dispongo de esa cantidad —protestó él.
—Eso no exime de su obligación —replicó el juez con sequedad—. En caso de incumplimiento, la señora podrá instar la ejecución forzosa.
El silencio en la sala se volvió denso. María no sonrió ni mostró satisfacción alguna. Simplemente escuchaba.
Tras resolver estas cuestiones, el juez anunció que a continuación abordaría formalmente la disolución del matrimonio y la liquidación definitiva del régimen económico, aspectos que determinarían cómo se repartirían responsabilidades y bienes a partir de ese momento.